CERCA DE 300 MIL CAMPESINOS EN PARAGUAY CARECEN DE TIERRAS.
Hilal Elver, relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, criticó la falta de acceso a tierras en Paraguay. Solicitó la necesidad imperiosa de una reforma agraria plena.
En Paraguay, entre el 60 y el 80 % de la tierra pertenece al 2 o 3 % de la población.
Elver, que visitó Paraguay entre el 4 y el 10 de noviembre y se reunió con autoridades gubernamentales y de la sociedad civil, presentó en una conferencia de prensa sus conclusiones preliminares sobre el cumplimiento del derecho a la alimentación en el país.
Señaló que el derecho a la alimentación se basa en dos factores: la posibilidad de producir los propios alimentos, que implica acceso a tierras, agua e insumos, o la de tener un trabajo digno que permita adquirir esos alimentos.
Destacó que es responsabilidad de los Gobiernos brindar el acceso a una de las dos fórmulas: o tierras, o un empleo razonable.
Elver expresó que cerca de 300.000 campesinos de Paraguay carecen de tierras para cultivar sus alimentos, y muchos de quienes sí trabajan tierras se enfrentan al riesgo de ser desalojados por conflictos legales sobre su propiedad.
Los conflictos desembocan frecuentemente en violencia, y que los desalojos de campesinos son, junto a la distribución de la tierra, la más desigual de la región, los principales problemas de Paraguay.
Entre estas situaciones violentas destacó el desalojo conocido como masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, un hecho por el que en julio fueron condenados once campesinos.
La relatora instó a que se resuelva la situación legal de estas tierras y mostró su alarma por los casos de conflictos donde fueron procesados los productores que luchaban por tierras para su supervivencia, y resultaron condenados a penas de larga duración.
La desigualdad en el acceso a las tierras se agrava por los procedimientos "prolongados, complejos y burocráticos" para obtener los títulos de propiedad, y dijo que la falta de un registro integral de tierras "ha conducido a títulos de propiedad superpuestos" y a "múltiples reclamos por la misma parcela".
La relatora instó al Gobierno paraguayo a promulgar una ley sobre la extensión de la reforma agraria y a acelerar los trámites para aprobar el proyecto de ley sobre soberanía alimentaria y nutrición.
También pidió que el Estado proteja y promueva la agricultura familiar como un modelo productivo, y asegure un acceso equitativo a la tierra, así como al mercado, al crédito y a programas de capacitación para los campesinos.
El informe completo con las conclusiones y recomendaciones de la relatora sobre derecho a alimentación se presentará en marzo de 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
